Semanario Clave - Año 3, N 116 - (Page 25)

34 CLAVE Jueves, 29 de mayo de 2008 t SACANDO CUENTAS Editor: RAFAEL NÚÑEZ GRASSALS Teléfono: 809 472 1888 Ext. 416 rnunez@clave.com.do Legitimidad y clientelismo LOS TRABAJOS Y LOS DÍAS Olga Díaz Mora CRISIS a aguda crisis internacional, caracterizada fundamentalmente por aumentos de precios de las materias primas y energía, plantea grandes desafíos. El precio del petróleo ha aumentado más de 100% en el último año y los precios globales de los alimentos, según el Banco Mundial, crecieron 83% desde 2005. En el plano nacional, el Gobierno mantiene, desde hace años, subsidios al sector energético y al GLP que evitan presiones inflacionarias que afecten mayormente a los más pobres. También está subsidiando alimentos básicos. Muchos economistas han criticado estos subsidios; sin embargo, ante esta crisis alimentaria, organismos internacionales, como el FMI, “aconsejan a América Latina otorgar subsidios temporales”, contradiciendo sus planteamientos anteriores. Estos subsidios, aunque están erosionado el presupuesto nacional, al destinarse en enero-mayo más de RD$16,000 millones, han mantenido relativamente bajos los niveles de inflación, y nos colocan en la media del crecimiento de la inflación regional. La situación actual amerita que el Gobierno mantenga estos subsidios a corto plazo, pero a la largo plazo serían insostenibles. Por tanto, sería recomendable llevar a cabo un plan de acción para focalizar el subsidio eléctrico y del GLP y, lo más importante, sería diseñar un plan integral para reactivar la agropecuaria nacional, dado el potencial de tierras fértiles disponibles. Este plan debe asegurar la sostenibilidad de la producción agropecuaria para generar una solución de largo plazo. Los beneficios de esta reactivación resultan evidentes: aumento de la oferta agrícola y agroindustrial, tanto para consumo interno como para exportación, que incidiría en el crecimiento económico y en la estabilidad de precios. L Wilfredo Lozano eonel Fernández ha sido reelecto por amplia mayoría, 53.8% de los sufragios. Su reelección tiene una gran legitimidad popular. Sin embargo, esta legitimidad no se sostiene firmemente en una base ciudadana, sino en una masa de clientes manipulables, cuya movilización política es el producto de la búsqueda de prebendas. Para alcanzar su objetivo electoral, el Presidente y su equipo movilizaron miles de millones de pesos en un escandaloso uso patrimonial de los recursos del Estado. Eso hizo de la campaña un proceso inequitativo, criticado incluso por los observadores internacionales, específicamente los de la OEA. En lo formal y legal la JCE tuvo un desempeño exitoso, pues estas fueran quizás las elecciones mejor organizadas de nuestra historia reciente. Lamentablemente, esa misma JCE fue complaciente con el atropello clientelista de la candidatura oficial. Cuando tomó medidas fue a regañadientes y no por iniciativa propia, sino de la oposición política, como fue el caso de las nominillas y de los spots oficiales que favorecían a Fernández. Como toda movilización clientelista, los resultados electorales no pueden afirmar la constitución de una mayoría estable, pues toda relación clientelar es preca- L ria por definición; se cimienta en una irrespetada institucionalidad del orden político y no puede asegurar en el tiempo los recursos que coyunturalmente moviliza. Por eso, y no sólo por lo que está a la puerta de la economía dominicana, tras los claros indicios recesivos en los Estados Unidos, la crisis alimentaria global y el desenfreno de los precios del petróleo, la tercera administración de Fernández nace bajo el signo de la crisis. El PRD ha reconstituido sus fuerzas, o está claramente en proceso de lograrlo. Un 40% es un voto significativo que debe ser tomado en cuenta a la hora de las grandes decisiones. Lo del PRSC es otra canción. Posiblemente estemos a la puerta de la disolución histórica de esa fuerza política, aunque eso dependerá sobre todo de sus líderes. Si para sobrevivir apelan al paternalismo presiden- Se impone que en el plano económico y social se hagan reformas para la gobernabilidad y que fortalezcan las instituciones. cial y en el fondo terminan sometiéndose a su impronta, desaparecen; si deciden trillar el camino de la reconstitución institucional de su partido, asumirán un gran reto que implicará mucho trabajo, sacrificio y conflictos. ¿Puede Fernández avanzar en el camino del acuerdo y de la institucionalidad apelando únicamente a su mayoría? No lo creo. Para el oficialismo el camino más fácil es tratar de generar una ilusión de consenso nacional apoyados en el fantasma de la crisis que hasta el 16 de mayo se negaban a aceptar. La operación es sencilla en su forma: ha pasado el “momento electoral” y ahora se impone el “momento nacional” donde debe primar el interés de todos, representados por el Presidente Fernández. El PRD y la oposición en su conjunto pueden unirse a esta cruzada si lo desean, pero su ausencia no impediría la articulación del consenso de las mayorías. Ese sería un razonamiento mágico, ilusorio y políticamente excluyente, pues haría desaparecer el 46.2% que votó contra Fernández, disolvería el 40% alcanzado por el PRD, sólo reconociendo el 53.8% alcanzado por Leonel Fernández. Por lo demás, el PLD como partido alcanzó un 44%, fueron los aliados los que le aseguraron la victoria. El PRD como partido alcanzó un 39%. Pero la pregunta es ¿quién convoca a la concertación, Fernández, el PLD solo, o junto a sus aliados? En esas condiciones, llegar a un acuerdo nacional implica resolver el problema político de la gobernabilidad democrática, esto es, proceder a las reformas nece- sarias que impidan repetir el manejo clientelar de las campañas y el uso indiscriminado de recursos públicos por quienes controlen el poder. Se impone, entonces, como condición de cualquier acuerdo, que en los planos económico y social se produzcan reformas políticas para la gobernabilidad y que creen institucionalidad. Hay, pues, que reformar la ley electoral, aprobar una ley de partidos, que defina su manejo de modo transparente y democrático, e impedir que el “nunca jamás” del texto constitucional sea eliminado, cerrando así el paso a la reelección indefinida. Ese es el camino difícil, pero es el camino legítimo que asegura el consenso y la política responsable. + El autor es sociólogo + La autora es asesora del Banco Central GERARD ELLIS

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